Es un hecho probado: cuando estalla una guerra, lo primero que desaparece es la verdad. Y esta guerra del agua (hija necia de una madre estúpida: la identidad autonómica) no iba a ser una excepción… y así lo venimos aguantando.
Hace tiempo que los ideólogos han hecho desaparecer del mapa a los científicos y la mayor parte de éstos guardan un prudente silencio para evitar ser lapidados; otros –los muy cucos- han puesto a sueldo sus talentos en defensa de unas u otras posiciones, según quien les pague. Y en este maremagnum de opiniones encontradas… ni un cálculo, ni una hipótesis… sólo verdades reveladas.
Levantadas las banderas, los demagogos (disfrazados de mezzogobiernos autonómicos con sus coros de agraviados) han echado a la razón del baile… y no han parado ahí: intentan hacernos comulgar con ruedas de molino, aseverando, por ejemplo, que cualquier trasvase, aparte de una antigualla, constituye un delito de “lesa naturaleza”, mientras que las desaladoras son de lo más moderno, limpio y beneficioso y poco les importa a estos apocalípticos del cambio climático que las desaladoras emitan a la atmósfera gran cantidad de CO2 o salinicen el Mediterráneo.”¡Son buenas porque lo decimos nosotros!”, nos ordenan los amigos de la Naturaleza (que, tan a menudo, se comportan como enemigos de la Humanidad).
Por haber permitido (y, a veces, alentado) semejantes dislates, el Gobierno tiene ahora que “pagar las copas” de una apuesta perdida: la demonización de los trasvases. Y ha de pagar la cuenta cuando la realidad de un año seco pone las cosas en su sitio: los ciudadanos tienen derecho a beber y a ducharse.
Porque –lo diré de una vez- el trasvase de agua a Barcelona es necesario y se debe hacer. Lo mismo que se debiera aprobar un Plan Hidrológico Nacional… pero esto no se hará.
