En el año 2010 y para salir de la crisis se señaló como primer objetivo la reducción de los déficits y se puso especial énfasis en los de las Comunidades Autónomas. Déficits éstos que se achacaron a despilfarros, pero, sin negar la existencia de esos despilfarros, puede asegurarse que el diagnóstico era erróneo. En primer lugar, porque la cantidad de deuda externa de las CCAA es ridícula en comparación con la deuda total, sobre todo la deuda de las familias, las empresas y, sobre todo, de los bancos y cajas españoles.
Tras cuatro años de predicar una ejemplar solvencia del sistema financiero, ahora ha quedado en evidencia que cajas y bancos habían acumulado en sus balances ingentes cantidades de créditos otorgados para viviendas y, sobre todo, para promotores que nunca podrán desarrollar un suelo que, en buena parte, es rústico. Para más inri, bancos y cajas habían comprado –ellos también y de forma increíble- suelo con fines exclusivamente especulativos.
En resumen: aquí ha habido mucha irresponsabilidad. En los políticos, sí, pero no tanto como administradores del erario público sino como vigilantes de unas prácticas industriales (la especulación inmobiliaria: artículo 47 de la Constitución) y financieras (¿qué hacían el Ministerio de Hacienda y el Banco de España ante los créditos disparatados que estaban otorgando bancos y cajas?). También sobre los políticos caen las responsabilidades por los desastres de las cajas, todas ellas dirigidas por testaferros del político de turno. Todo lo cual no exonera de cargos a los aventureros que se disfrazaron de promotores y banqueros.
Esta deficiente profesionalidad de los directivos empresariales y de los políticos nace, a mi juicio, de un sistema de selección que se ha generalizado: la cooptación como norma y el nepotismo como consecuencia. Vamos, que la élite española se ha llenado de “cuñados” incompetentes.