Justicia y espectáculo

El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dice lo siguiente: “La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación o patrimonio”.
¿Con qué derecho ciertos funcionarios pisotean sistemáticamente ese artículo de la LECrim sin que nunca les pase nada? Que se sepa, jamás se ha abierto una sola investigación en pos de empapelar y juzgar a tanto filtrador como existe en los Juzgados y en la Policía.
En el caso de Rodrigo Rato, las cámaras e incluso “el pueblo” ya estaban convocados antes de que él saliera de su casa hacia el coche que le llevaría al juzgado. El ojo mediático captó el humillante tratamiento y en la banda sonora se grabaron los gritos llamándole sinvergüenza.
¿Qué pintaban allí los agentes de aduana? ¿Cómo es posible que se de una orden de registro sin que los superiores del fiscal y del juez que lo ordenaron no supieran nada del mismo?
“En la imagen del hombre demacrado, insultado por la turba y cuya cabeza, privada ya de voluntad, mete el policía en el coche como si fuera la de un títere, no hay lugar para la presunción de inocencia” (Arcadi Espada). En efecto, el circo mediático ha eliminado uno de los más importantes derechos de la democracia: la presunción de inocencia, y, además, lo ha sustituido por el linchamiento moral.
Pero sigamos con las preguntas: ¿Quién monta esos circos? ¿Quién filtra a la prensa la hora en que va a comenzar la función? Tenemos derecho a saber quiénes se saltan sistemáticamente la Ley y exigimos que paguen por ello, que se les ponga en la picota y que se les expulse de la Función Pública.
Y lo más curioso del caso es que después del circo contra Rato se acaba de montar otro, estrictamente judicial. El juez de Madrid (el que ordenó el registro que la Audiencia Nacional (AN) consideró prematuro) se inhibió después a favor de la AN, pero a esta decisión se opuso la Fiscal General. Por otro lado, desde el principio, Anticorrupción reclamó para sí el proceso. En otras palabras: además del circo mediático, la Judicatura ha montado su propio circo competencial y ya se sabe: “todo litigio de competencias es planteado por incompetentes”.
De todo este desgraciado asunto se deduce que socialmente Rato está ya condenado y si, luego, en el juicio oral el reo saliera libre, se producirían dos efectos perversos: 1. Que a Rato nadie le devolvería su honor y 2. Que todos los justicieros (me temo que son ya mayoría entre los españoles) dirán algo así como: “Otro ladrón que queda libre. La casta nunca será castigada”.