Como todos los años por estas fechas, acabo de hacer la declaración del IRPF para cerrar el ejercicio de 2011… y he tenido que pagar un pastón, casi cuatro mensualidades de mi sueldo neto como funcionario. Esta abultada liquidación se debe básicamente a que durante el año en cuestión tuve la suerte de publicar un libro que se vendió bien, además de obtener otros ingresos por mis colaboraciones en medios de comunicación. Como es sabido, en estos ingresos no regulares las retenciones a cuenta del IRPF son bajas (el 15%). En resumen y en términos relativos, he pagado al Ministerio de Hacienda por IRPF (entre las retenciones y esta liquidación final) el 32,1 % de mi renta bruta de 2011.
No tendría nada que alegar a ese abultado porcentaje si a todos mis compatriotas se les aplicara –como a mí- la tarifa que señala la ley. Pero no es así.
En efecto, aproximadamente el 90% de la recaudación por el IRPF proviene de los asalariados. ¿Y qué porcentaje de la renta nacional representan los salarios? Pues en torno al 45%. O sea, que los que se llevan a su casa el 55% de la renta nacional, es decir, los no asalariados, sólo pagan el 10% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Y dónde está el 45% restante? Pues pregúntenselo ustedes al señor Montoro, que además de ministro del ramo es catedrático de Hacienda Pública. Pero no es sólo Montoro quien tiene que explicar este despropósito. Gobierno tras gobierno, del PSOE o del PP, no han hecho absolutamente nada para evitar este estropicio. Un deterioro que ha dejado el mejor y más justo impuesto del sistema fiscal reducido a cenizas. Una situación insostenible política y moralmente de la que, además, nadie quiere hablar.
Si los no asalariados pagaran como deberían, es decir, como lo hacemos los asalariados, el Estado no tendría deudas ni habría necesidad de tanto recorte.
