La Academia de España en Roma se aloja en lo que, en tiempos lejanos, fue un convento aledaño a la Iglesia de San Pietro in Montorio. Templo edificado, a su vez, en el lugar sobre el cual, según la tradición, fue crucificado San Pedro. Una colina en cuya falda, cerca del río, se halla el populoso y popular barrio del Trastevere. Allí, en la colina y al lado de la iglesia, dentro del patio del edificio en el que está hoy la Academia de España, Fernando, el Católico, encargó al arquitecto Bramante el diseño y la edificación de un tempietto. La fama que hoy tiene ese pequeño edificio le viene dada, sobre todo, porque en él ensayó Bramante la cúpula que más tarde se colocaría en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, lugar que no está muy lejos del templete encargado por el rey aragonés a finales del siglo XV.
Bramante se llamaba en realidad Donato d’Agnolo y había nacido cerca de Urbino en 1444. Luego trabajó como pintor y como arquitecto en Milán antes de trasladarse a Roma en 1499, precisamente a instancias del Rey español. En Roma moriría –en 1514- dejando hechos los planos de la Basílica de San Pedro, que él no vería terminada. Aunque la obra pasó a buenas manos, las de Miguel Ángel Buonarroti.
En fin, invitado por la Academia Española en Roma, estaba yo una tarde de la última Semana Santa oyendo las explicaciones acerca del tempietto que nos daba a cuatro o cinco amigos el Secretario de la citada Academia, en un momento dado, él estaba glosando una inscripción que hay en el altar subterráneo del tempietto. En esta inscripción, entre otras cosas, se lee:
FERDINAND * HISPANIAE * REX
ET HELISABE * REGINA *
1502
El Secretario de la Academia, que es historiador de profesión, llamaba nuestra atención acerca de cómo Fernando de Aragón había querido que se inscribiera sobre la piedra su condición de Rey de España. Mientras nuestro amigo hablaba, alrededor de nosotros pululaba una docena de turistas, desentendidos de las explicaciones que estábamos recibiendo… cuando, de pronto, una mujer, que ya no cumpliría los cuarenta, se encaró a nuestro improvisado guía y con airados modos y en un castellano con perceptible acento catalán le espetó:
-Eso de que Fernando de Aragón era Rey de España se lo acaba de inventar usted.
-Señora, lea usted la inscripción –replicó, tan sorprendido como herido, el hombre.
La discusión continuó unos largos minutos y se la ahorraré a ustedes, pero yo saqué en limpio de aquella pelea dialéctica que la mujer no podía aceptar el hecho de que España haya existido jamás como entidad jurídica, política, social… Para ella, España era una creación de Francisco Franco, una entelequia que habían «inventado los fachas» en el segundo tercio del siglo XX.
Convengamos que España como entidad diferenciada, aunque variable a través de la Historia, no es una palabra vacía que emplearon primero los fenicios y luego los romanos para denotar tan solo un territorio poblado por conejos (al parece, la palabra España significa precisamente eso: tierra de conejos). El problema en el caso de España, o, si se quiere, en el caso de la nación española, ha consistido, simplemente, en que los liberales del siglo XIX, que fueron los creadores del concepto «nación» tal y como lo entendemos hoy, tenían detrás una burguesía más bien corta de dinero y de impulso y corta, también, de alcances ideológicos. Una burguesía que estaba presa, en buena medida, de unas ideas retrógradas y clericales. De ahí, de esa relativa impotencia económica y política, de esa debilidad, nacerían, a finales del siglo XIX, los nacionalismos periféricos. En primer lugar, el catalán, pero también el vasco. Reivindicaciones identitarias que muchos años después consiguieron, por primera vez, una expresión jurídico-política durante la II República. Estatutos de Autonomía que se frustraron, como se frustró toda la estructura institucional republicana, con la guerra civil y la derrota, pronto hará setenta años de ello.
España es, seguramente, el único entre los viejos países europeos en el que se sigue discutiendo sobre «la realidad nacional», sobre el ser de España y otras esencias. Un país, el nuestro, en el cual algunos ponen en tela de juicio la vigencia de términos constitucionales como «unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución) o «Todos los españoles tienen el deber de conocerla [la lengua española] y el derecho a usarla» (artículo 3).
Mas, sea como sea, todos tenemos una idea de España, también la tienen los nacionalistas. Para una persona de izquierdas, como soy yo, España no es un mito construido a base de una Historia manipulada. Por eso no creo que Viriato fuera un defensor de la «independencia» de España, porque tal personaje jamás hubiera entendido esa expresión. Tampoco creo que el Cid luchara por España, siendo, como era, un «vasallo a soldada» del rey mahometano de Zaragoza. Tampoco acepto el discurso según el cual la «unidad de España» la forjaron los Reyes Católicos, Carlos V o su hijo Felipe II, que se dedicaron –y con éxito- a acumular, como tantos monarcas de su época, la mayor cantidad posible de territorios y de súbditos bajo sus coronas. Pero tampoco creo –como parecen creer los nacionalistas- que España sea un invento de Franco y que la lengua española se hable y se escriba por esas tierras sólo porque aquel general la impusiera como «lengua del imperio» en Cataluña, el País Vasco o Galicia. Pero que yo no crea en mitos no quiere decir que no me sienta español, que no tenga un sentimiento de identidad española. Y si la palabra patria tiene algún sentido –y yo creo que sí lo tiene- considero que España es mi patria. Son estas ideas -que comparto con muchísimos españoles- las que puedo expresar en voz alta aquí y acullá, sin que alguien me llame a capítulo o ni siquiera se sorprenda.
Nadie se extrañará, por tanto, si afirmo no creer en los mitos catalanes que se han inventado los nacionalistas: Cataluña nunca ha existido como unidad política independiente. Era un Principado o conjunto de condados dentro de otra estructura: la Corona de Aragón. La mayor parte del glorioso pasado de Cataluña al que aluden los nacionalistas se integra en el marco de España y las guerras de 1640-1653 ó 1700-1714 no fueron guerras “nacionales” sino conflictos armados entre oligarquías con un apoyo popular más bien escaso. En fin, tampoco la guerra civil (1936-1939) lo fue “entre Madrid y Cataluña”.
Lo que no sé es si la negación de estos mitos nacionalistas la podría yo expresar libremente en Cataluña sin levantar protestas o algo peor. Y digo esto último porque el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005 con el apoyo –no lo olvidemos- del 90% de los diputados es un dechado de grandilocuencia nacionalista. Una retórica mítica que impregna todo el articulado del proyecto. «Todo él está, en efecto, recorrido por un lenguaje y una visión del mundo propios del nacionalismo más clásico» (José Álvarez Junco, Claves. Marzo de 2006). Además, el texto estatutario del 30 de septiembre no se presentaba redactado por un Parlamento, sino por la mismísima Cataluña. Una Cataluña que, según dicho texto, «ha definido una lengua y una cultura». Una Cataluña que «ha modelado un paisaje». Una Cataluña idéntica a sí misma, a-histórica, esencial, siempre agraviada por España, en nombre de la cual se justifica la preeminencia de la lengua catalana, la bilateralidad respecto al Estado o la eliminación de cualquier presencia del Estado en aquel territorio.
Es evidente que el texto salido de las Cortes Españolas y que ha sido sometido a referéndum el 18 de junio de 2006 no es el mismo que fue aprobado en el Parlamento de Cataluña (los cambios han afectado a casi centenar y medio de artículos), habiéndose enmendado a la baja núcleos sustanciales del proyecto. Pero la distancia entre el proyecto y la Constitución era tan grande que «aquella distancia iba a dejar muy escorado hacia el confederalismo y el debilitamiento de la cohesión territorial el punto posible del consenso… lo que ha convertido, objetivamente, la gresca estatutaria en una costosísima guerra de desgaste del sistema» (Profesor Roberto L. Blanco Valdés. Mayo de 2006).
Pero bajemos al terreno político, comenzando por el propio texto constitucional.
La Constitución Española de 1978, aparte de un texto jurídico-político, es también el resultado de un acuerdo entre derecha e izquierda, entre nacionalistas y no-nacionalistas, entre laicistas y religiosos, etc., etc. Es pues, un pacto entre distintos y distantes en beneficio de la convivencia. También representa un conjunto de reglas del juego. El pacto constitucional creaba también nacionalidades y regiones con derecho a sus respectivas autonomías políticas. Pero como pacto entre partes diversas, el de la Constitución sólo puede ser sustituida por otro pacto. En cualquier caso, todo cambio en las reglas del juego debe ir precedido de un acuerdo, lo cual suele implicar un toma y daca.
La Constitución representó también muchas renuncias políticas. Por ejemplo, la izquierda abandonó el maximalismo revolucionario a cambio de que la derecha desmantelara la dictadura. Pero no parece haber ocurrido lo mismo en el campo del nacionalismo, en el de sus aspiraciones de «autodeterminación» o «independencia»… y no estoy pensando ni sólo ni principalmente en los de ETA. De hecho, han sido los nacionalistas los únicos que no han renunciado a sus pretensiones, a sus programas máximos, desde el inicio de la transición hasta hoy. Y no sólo eso, parece que han conseguido infiltrar sus ideas en otros, al menos en Cataluña, como demuestra el amplio apoyo conseguido por el proyecto de Nuevo Estatuto el 30 septiembre de 2005 en el Parlamento catalán. Un texto, aquél, cuyos 227 artículos (223 en el texto definitivo) giraban en torno a tres ejes: a) Reducir al mínimo la presencia del Estado en Cataluña; b) Bilateralidad entre el Estado y la Generalidad y c) Preocupación por la presencia «nacional» de Cataluña en el Estado y en el ámbito internacional.
Si alguien desea comprobar hasta qué punto las reivindicaciones nacionalistas no han hecho sino dispararse hasta cotas que antaño eran inimaginables, le bastaría con leerse el Estatuto de Cataluña de 1932 y compararlo con el aprobado ahora, 74 años después: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español», decía el artículo 1 de aquel Estatuto.
Si, por otra parte, se repasan las competencias exclusivas de aquel Estatuto de 1932 con el aprobado en Referéndum el 18 de junio de 2006 se llegará fácilmente a la conclusión de que el tiempo, en efecto, no ha pasado en balde. ¿Y qué decir del sistema fiscal y financiero? Y todo ello sin que la fortísima inmigración castellano-parlante que Cataluña tuvo durante, por lo menos, veinte años durante el franquismo haya atemperado esas demandas nacionalistas.
Como es evidente, el nuevo marco político-territorial que quedará dibujado al final del proceso estatutario actualmente en marcha puede ser analizado desde múltiples puntos de vista: constitucional, cultural, administrativo, financiero, funcional, etc. pero me limitaré aquí a dibujar un escenario y un horizonte. El escenario en el que actúan, desde el punto de vista institucional, dos elementos: el Estado (entendido como organización nacional), vale decir, las Cortes Generales, el Gobierno, los altos tribunales… y de otro las emergentes Comunidades Autónomas. Y un horizonte, el modelo territorial que se dibuja en el límite.
Políticamente, estamos ante un proceso iniciado y regido por los distintos partidos (nacionalistas o no) y las correspondientes burocracias entre las cuales es preciso señalar un nuevo actor: los liderazgos o, si se quiere, las burocracias intrapartidarias nacidas al socaire de la propia descentralización política. En otras palabras: en el seno de los partidos de ámbito nacional han surgido relevantes y actuantes «poderes locales» dispuestos a defender sus intereses presentes y futuros. Poderes que están dispuestos a emular en el plano autonómico cualquier reivindicación competencial o presupuestaria, ilustrando con gran precisión la ley de oro de toda burocracia: reclamar las mayores competencias para ejercerlas con las mínimas exigencias de responsabilidad.
Personas e intereses, «barones y baronías» que, a menudo, determinan con sus votos sindicados el destino de los líderes nacionales, cuya supervivencia política depende de ellos, de esas voluntades en los Congresos nacionales de los partidos. Son éstos quienes dirigen y manejan el proceso de emulación, que se puede resumir en una frase que hizo fortuna: «café para todos».
En efecto, al proceso de «afirmación nacionalista» se une, en paralelo o inmediatamente después, otro no menos significativo: el de emulación, cuyo paradigma queda bien descrito con la «fórmula Camps» (propuesta por el Presidente de la Comunidad Valenciana para el nuevo Estatuto valenciano) consistente en acogerse a todo lo que consiguiera en su Estatuto Cataluña. También el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía lo expresó muy gráficamente cuando le tocó defender la nueva definición de Andalucía («Realidad Nacional»): «Andalucía no va a ser menos que nadie», eso dijo. De todo ello cabe deducir que, desde el punto de vista de las burocracias políticas ajenas a Euskadi y a Cataluña, el término nación que los nacionalistas intentan introducir significa, en la práctica, sólo más competencias, más dinero o las dos cosas. En mi opinión, se equivocan, pero esa respuesta del «café para todos», también en el ámbito de las definiciones autonómicas (nación, nacionalidad, región, etc.) conduce a una carrera, a una emulación más bien ridícula. Por ejemplo, en Asturias se ha hablado a este propósito de «Nación originaria» (?).
Estamos, pues, ante un proceso iterativo cuyo impulso es la emulación y donde a cada ronda de café para todos se abre una nueva reivindicación por parte del hecho diferencial. Un hecho diferencial que nadie quiere definir, pero que para cualquier ciudadano normal está más claro que el agua y puede expresarse así: existe un hecho diferencial en aquellas partes de España donde suelen ganar las elecciones los nacionalistas… y punto.
Resulta obvio que «el hecho diferencial» es incompatible con el «café para todos». O dicho finamente: si se atiende al «hecho diferencial» se ha de renunciar a cualquier tipo de Estado Federal o federalizante, incluido el Estado Autonómico tal y como se ha ido construyendo en España a partir de 1978.
En cualquier caso, el proceso ahora en curso, al que bien podíamos denominar el de la «España plural», no ha tenido muchas justificaciones teóricas ni ha disfrutado, apenas, de avales académicos o intelectuales. Más bien todo lo contrario: han abundado las críticas hasta niveles más que significativos, pero lo curioso es que, por primera vez en nuestra democracia, los políticos promotores del proceso y sus avalistas no se han dignado ni contradecir ni aceptar las críticas, simplemente se han dedicado a ignorarlas. El ninguneo ha sido la norma, lo cual demuestra dos cosas: 1) lo ayunos de argumentos que estaban los promotores del proceso y 2) el desprecio que sienten hacia quienes se atreven a no comulgar con sus recetas. En cuanto al debate interno en los partidos… mejor lo dejamos para otra ocasión.
En cualquier caso, este desprecio por la inteligentzia y por el debate ponen de manifiesto un hecho preocupante: la endogamia creciente entre los políticos españoles. Se está imponiendo Juan Palomo y su autosuficiente yo me lo guiso y yo me lo como.
Además, en las tímidas justificaciones del nuevo impulso descentralizador han abundado los argumentos mentirosos. Por ejemplo éste, tan repetido: «Nuestro Estatuto cumplirá pronto sus 25 años y parece razonable pensar que algunas cosas deberán adaptarse a los nuevos tiempos» (copio esta declaración de un cargo institucional autonómico y socialista). Pues bien, eso es falso: los cambios introducidos paulatina, pero constantemente, en todos los estatutos, empezando por las competencias y terminando por el sistema de financiación, han sido tales y de tal envergadura que «al inicio de este segundo proceso descentralizador muchas han sido las voces autorizadas que han puesto de manifiesto que el camino descentralizador que cabía recorrer aún, sin afectar al marco general previsto en la Constitución, era ya muy reducido» (Roberto L. Blanco Valdés).
Naturalmente, en cada ronda de café para todos, en cada iteración hacia un «mayor Autogobierno», el Estado pierde una parte de sus recursos y de su presencia pública, en suma, pierde capacidad política para cedérsela a los mezzogobiernos, dentro de un mapa regional demográficamente heterogéneo y, a menudo, inviable. Lo curioso del caso es que este proceso, mediante el cual el Estado puede acabar quedándose sólo con la cuerda del salchichón, le parezca bien a una izquierda nueva que contradice a la antaño partidaria de estados fuertes. Una nueva izquierda cuyo discurso «federalista» es, simplemente, confuso, porque el proceso iterativo arriba descrito no conduce a ningún estado federal, ni siquiera a uno confederal.
Hablemos claro: estados federales existen, por ejemplo: los Estados Unidos de América o Alemania y, sin entrar en si allí, en los estados norteamericanos o en los lander alemanes, caben regiones del tamaño de La Rioja, podemos asegurar que entre los Estados Unidos y Alemania, por un lado, y España, por el otro, existe una diferencia sustancial, determinante, que es la siguiente: nadie en los Estados Unidos pretende la independencia de Carolina del Norte, de California o de Florida y lo mismo ocurre con Renania o con Baviera dentro de Alemania. Pero aquí, en España, el nacionalismo vasco, el catalán, el gallego… quieren separarse de España, niegan su existencia como nación (ellos nunca pronuncian la palabra España sino que hablan del «Estado español») y no pierden ocasión para afirmar, no la diferencia, sino su escaso aprecio por el conjunto y por su expresión jurídico-política, es decir, por la Constitución.
Prueba evidente del carácter inestable del proceso actual son las palabras pronunciadas nada más concluir la campaña del Estatuto de Cataluña (junio 2006) por el líder de CiU, Artur Mas: «Éste (del Estatuto) es un paso más, pero queda mucho camino por recorrer en el proceso de autogobierno. Eso sí –añadió- a partir de ahora podremos hablar a España de tú a tú». Estas declaraciones podrán ser calificadas de muy diversas formas, pero no podrán ser tachadas de ambiguas u oscuras, pues son claras como el agua clara.
El hambre (o la voracidad, según se mire) de autogobierno que sienten los nacionalistas –como vemos, también los “moderados”– no parece que vaya a saciarse con este Estatuto (ni con ninguno). Por otro lado, el tú a tú del que habla Artur Mas no se refiere sólo al Estado y a sus instituciones, el tuteo se refiere a España como nación, igual tuteo del que realizan con nuestro país otras naciones independientes como Italia, Francia, Alemania… o China. Tuteo con una España de la que Cataluña, supuestamente, no forma parte.
Llegado a este punto, me atreveré a entrar en un tema tabú, intocable: las lenguas. No tengo que decir que el uso de una lengua distinta del castellano, ya sea el catalán, el euskera o el gallego, es un derecho que la Constitución acoge y protege, pero también el texto constitucional dice que «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla» (art. 3). En otras palabras, lo que la Constitución consagra en los territorios con otra lengua distinta del castellano es el bilingüismo (como lo recogía también el Estatuto catalán de 1932) y ningún proceso de «normalización lingüística» puede ir en contra de ese mandato.
Cualquiera que viva en Cataluña o la visite percibe inmediatamente que en la calle, en al sociedad catalana, conviven el castellano y el catalán sin ningún problema digno de reseñar y, si eso es así, ¿por qué las lenguas se han convertido en un problema político? Pues porque los nacionalistas de cualquier obediencia consideran a su lengua como un elemento determinante de la identidad colectiva y, por otra parte, tratan al castellano como si fuera una lengua impuesta por la fuerza, pese a que más de la mitad de los catalanes, es decir, de los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña, tengan hoy como lengua materna precisamente el castellano.
No estamos ante una guerra entre lenguas, estamos ante un problema identitario que conduce a una discriminación contra las personas a causa de su lengua materna. Y eso es lo que viene pasando y se va a incrementar con el nuevo Estatuto.
Y viene pasando, entre otras cosas, porque la última Ley de Política Lingüística del Parlamento catalán (1997) no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional ni por el Gobierno de Aznar, que necesitaba los votos de CiU, ni por el Defensor del Pueblo, sobre quien se ejerció todo tipo de presiones para que no presentara recurso de inconstitucionalidad.
El Estatuto aprobado el 18 de junio de 2006 echa un par de paletadas más sobre el asunto: 1) «Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales». Se establece así la obligatoriedad de dominar el catalán para todas las personas que vivan en Cataluña y 2) «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».
Si esto no es una discriminación contra los castellanohablantes, que venga Dios y lo vea. Y por serlo es también una discriminación para los menos dotados económica y socialmente, los inmigrantes del resto de España y sus descendientes. Estamos ante una política que pretende tratarlos y los trata como extranjeros en su propio país. «Si un español emigra a Inglaterra, lo que ha de hacer es aprender el inglés» es un argumento que los catalanistas suelen exhibir para exigir a todo el mundo en Cataluña el uso del catalán. Se olvidan -y no por casualidad- que un andaluz en Inglaterra es un extranjero, pero cuando se desplaza a Cataluña no sale de su propia nación.
Las normas internacionales, por ejemplo, las de la UNESCO, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados siempre en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso ver cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.
Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado el ombliguismo catalanista. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Veámoslo.
En el número de julio y agosto de 1977 –inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales anti-franquistas de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas…).
El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta:
¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural? (los subrayados son míos).
Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían –y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:
- Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí».
- Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».
- Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».
- Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».
Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable:
- Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».
Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos: 1) a los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos y 2) a los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando. Mas, fuera como fuera, el hecho de que nadie –excepto algunas voces aisladas u otras pertenecientes al declinante franquismo- quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre. Luego vino un largo periodo de ambigüedad manejado magistralmente por un político todoterreno como Jordi Pujol. Político de habilidades indudables y de temple moderado en todo menos en lo tocante a la cultura catalana, y muy especialmente en aquello que se refiera a la lengua catalana como principio y fin de la etnia, de la identidad nacional.
Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana serán recurridos ante el Tribunal Constitucional, conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando presidía dicho Tribunal Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia, contraria a la obligatoriedad de la lengua gallega, se lee lo siguiente: «Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas cooficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio». No creo que sea descabellado pensar que el TC se atendrá en este asunto a su propia jurisprudencia.
Llegados a este punto, bien podemos describir, sintéticamente, la situación. En primer lugar, la tan alabada –y no sin razones- Constitución de 1978 ha servido para muchas cosas y consiguió embridar a muchos de los caballos desbocados que habían galopado sin freno, como el de Atila, por las tierras de España en el próximo pasado. La Constitución, por ejemplo, enterró el guerracivilismo de ambos bandos, pero no consiguió meter a todos los equinos en el corral y algunos de quienes la aprobaron (como los nacionalistas catalanes) o se abstuvieron (como los nacionalistas vascos), ya se ha visto desde entonces, no estaban dispuestos a ceder nada de su programa máximo. El propio texto constitucional se resiente de ello. Basta leer el Título VIII para darse cuenta. Un Título VIII que, por lo que se ha visto, vale lo mismo para un roto que para un descosido. Precisamente eso tratan de hacer los nacionalistas: un descosido.
Por otra parte, la Constitución Española contiene en su interior una Ley electoral que otorga enormes ventajas a las formaciones políticas que concentran sus votos en unas pocas circunscripciones, es decir, una ley electoral que prima ¡y de qué modo! a los partidos nacionalistas. Los prima hasta hacerlos los únicos garantes de la gobernabilidad en los casos en los que ninguno de los dos grandes partidos nacionales (ahora PP o PSOE) obtiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
En estas condiciones, si se abre un proceso territorial como el que estamos viviendo en la actualidad, en el cual, necesariamente, se establece una negociación entre los representantes del Estado (Gobierno, Cortes Generales, etc.) y los nacionalismos, parecería lógico pensar que cada interlocutor ha de poner sobre la mesa sus reivindicaciones respecto a la otra parte. Sabemos cuáles son las reivindicaciones nacionalistas: catalana, vasca, gallega… y también las de las otras autonomías y las podemos resumir sin tapujos diciendo: lo que quieren es el mayor número posible de lonchas de la parte del salchichón que aún está en manos estatales. Pero ¿cuáles son las reivindicaciones de los representantes del Estado respecto a sus interlocutores nacionalistas? ¿Renuncian éstos a sus programas máximos o al menos otorgan una tregua de equis años en sus reivindicaciones? ¿Están dispuestos a considerar el cierre del Título VIII, es decir, al establecimiento definitivo de todas las competencias y presencias que permanecerán en el Estado? ¿Se les reclama su acuerdo para cambiar la Ley electoral?
No sé si estas cuestiones están sobre la mesa de la discusión política, pero donde no están es en los medios de comunicación, lo cual hace sospechar que tampoco son objeto de atención por parte de la citada mesa política. Y si ello es así, asistimos a un proceso dialéctico desigual, en el cual unos están destinados a ceder y los otros a ganar. Dicho en otras palabras: no existe un toma y daca. Ni siquiera el de la prórroga reivindicativa de las aspiraciones nacionalistas, pues los estatutos ahora en proceso de cambio son sólo «un paso más», como ha dicho el líder de CiU ya citado aquí.
Pero a nadie se le escapa que las competencias y recursos del Estado constituyen un conjunto finito y, por lo tanto, o desaparece el Estado o las curvas reivindicativas de tipo territorial, sean nacionalistas o no lo sean, han de estar acotadas. Limitadas por arriba por una asíntota horizontal de la cual no pueden pasar.
